15 años en prisión siendo inocente: la verdad sobre el caso de Ángel Ordoñez

Fue una de las voces más reconocidas en la radio juvenil de Chihuahua. Hoy, esa voz está encerrada injustamente, silenciada por una maquinaria judicial que decidió condenar antes que investigar. Tras 15 años en prisión, y con evidencia científica en mano, Ángel Ordoñez exige algo que nunca debió serle quitado: libertad.

En agosto del año 2010, el joven locutor Ángel Roberto Ordoñez Rodríguez, con apenas 21 años de edad, era una figura ascendente en la radio juvenil de Chihuahua. Conducía programas de entretenimiento en “Los 40 Principales”, transmitidos por Radiorama – Televisa Radio. Era el tipo de locutor que conectaba con las nuevas generaciones. Su nombre era Ángel Ordoñez.

Hoy, a 15 años de distancia, su nombre no aparece más en cabinas de radio, sino en los archivos del sistema penitenciario, donde cumple una condena de 30 años de prisión por un crimen que no cometió.

Fragmento de la transmisión del último programa de Ángel Ordóñez.

LA DETENCIÓN: CUANDO LA VÍCTIMA ES TRATADA COMO VICTIMARIO

Todo comenzó el 30 de agosto de 2010. Cuando se recibió una llamada anónima al 060 mencionando que en un domicilio de Ciudad Chihuahua se encontraba una mujer y un hombre fallecidos. La Unidad del sistema URGE, conformada por paramédicos certificados acuden al lugar, y encuentran a Ángel y a su novia inconscientes. Determinando que la persona del sexo femenino se encontraba sin vida, pero la persona del sexo masculino aún tenía signos vitales. Angel fue trasladado de emergencia al Hospital Central.

Agentes ministeriales del entonces Grupo de Homicidios de la Procuraduría General del Estado aseguran la escena y alteran el lugar de los hechos. Ángel permanece sedado y bajo observación médica. Los reportes de enfermería y neurología indican que no responde a estímulos verbales ni físicos, tiene inhibición muscular generalizada y no puede comunicarse. Mientras aún estaba inconsciente, fue detenido por agentes de la entonces Procuraduría del Estado de Chihuahua y señalado, sin prueba alguna, como autor material de un homicidio.

Dos días después de haber estado hospitalizado en estado de coma. Cuando despertó, fue llevado directamente a audiencia de control de detención y vinculación a proceso, aún sin poder hablar con claridad ni comprender lo que sucedía. Contra todo criterio médico y jurídico, la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas ignoró los informes que advertían su incapacidad mental para participar en un juicio. La jueza junto con todo el personal del juzgado se constituyó en el área médica del Cereso de Aquiles Serdán, con medios de comunicación presentes, como parte de una operación cuidadosamente orquestada para exhibirlo como culpable ante la opinión pública.

RESISTENCIA DESDE LA PRISIÓN

A pesar del encierro y del abandono institucional, Ángel Ordoñez no ha claudicado. Lleva quince años luchando contra la sentencia que lo condenó sin juicio. Desde prisión no solo estudió Derecho para defenderse: obtuvo una licenciatura, luego una maestría, y hoy cursa un doctorado en Derecho Penal. Lo hace desde una celda, en un país donde el conocimiento no es suficiente para vencer al poder. Porque aunque ya demostró científicamente que es inocente, el sistema sigue protegiendo a quienes lo fabricaron culpable.

En 2023, con todo ese conocimiento jurídico acumulado a pulso, Ángel planteó un incidente de reconocimiento de inocencia ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Pero el expediente fue turnado a la Tercera Sala Penal, la misma que el 29 de octubre de 2024 reconoció que al momento de los hechos, Ángel estaba en un estado clínico grave, inconsciente, sin capacidad motriz, sin posibilidad real de participar en el crimen. Y aun así, rechazó el incidente de inocencia. La razón fue: que se necesitan pruebas científicas actuales, novedosas, y supervenientes.

LA CIENCIA HABLA: ÁNGEL ORDÓÑEZ ES INOCENTE

Ángel Roberto Ordoñez Rodríguez lleva quince años en prisión por un crimen que no cometió. Hoy, en 2025, su caso se encuentra ante una nueva y decisiva oportunidad: la justicia tiene en sus manos tres dictámenes científicos independientes, periciales, formales, técnicamente impecables, que demuestran su inocencia con contundencia. Ya no se trata de hipótesis ni de dudas razonables: la ciencia ha hablado.

El primer dictamen, realizado por el toxicólogo forense Guillermo Harold Barría García, establece que, al momento de los hechos, Ángel se encontraba en un estado de inconsciencia profunda, con diazepam, ansiolíticos, antidepresivos y alcohol etílico. El perito demuestra que el imputado se hallaba en coma farmacológico, con parálisis neuromuscular, imposibilitado para sostenerse en pie, mucho menos para estrangular, agredir o manipular físicamente a otra persona. Su cuerpo estaba inmóvil. Su mente, desconectada.

El segundo dictamen, elaborado por la especialista en mecánica de hechos Vanessa Guadalupe Ochoa González, se centra en la escena y el tipo penal que se le imputa. Con base en el análisis biomecánico, posicional y forense, concluye que los actos por los que fue condenado son material y físicamente imposibles de realizar por una persona en estado clínico como el de Ángel. No hay congruencia entre las condiciones del cuerpo, las lesiones, la dinámica de la escena y la versión de la Fiscalía. El escenario simplemente no cuadra con la realidad científica.

El tercer dictamen, a cargo de la perito en criminalística María Luisa Castro, es quizás el más devastador para la hipótesis oficial. Después de un análisis completo de la escena, evidencia biológica, mecánica de lesiones y posición de los cuerpos, determina que el crimen no ocurrió en el lugar donde fueron encontrados. La escena fue montada. La posición de los cuerpos no es compatible con una agresión. No hay ADN, no hay huellas, no hay vínculo físico entre Ángel y la supuesta agresión.

Y va más allá: el dictamen reconstruye una hipótesis alterna, técnica, basada en indicios objetivos. Concluye que Ángel y su pareja fueron drogados, golpeados y atacados por terceras personas, quienes al creerlos muertos, los colocaron en posiciones simuladas y llamaron a emergencias para aparentar un hallazgo. Una de esas personas incluso se hizo pasar por prima del acusado.

Los tres dictámenes coinciden. Tres especialistas distintos, tres metodologías independientes, una sola conclusión: Ángel Ordoñez no pudo haber cometido el crimen. Ni biológica, ni física, ni científicamente.

Estas pruebas ya están integradas al expediente del incidente de reconocimiento de inocencia. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua tiene ahora la obligación constitucional y ética de resolver conforme a la verdad científica. Cada día que pasa sin que se dicte la resolución es un día más de injusticia, de prisión indebida, de violación continua a los derechos humanos de un hombre inocente que ha pasado más de una década tratando de demostrar lo que siempre fue evidente: que jamás debió haber sido condenado.

Desde prisión, Ángel sigue estudiando. Cursa un doctorado en Derecho Penal. Litiga, escribe, apoya a otros compañeros privados de la libertad. Su lucha no es solo personal. Es la lucha contra un sistema que castiga la verdad y premia la obediencia.

Los medios locales y nacionales difundieron de inmediato la versión oficial:“Locutor mata a su novia” “Crimen pasional” entre otros despectivos. Ninguno mencionó que Ángel estaba hospitalizado en estado grave. Ninguno entrevistó a sus familiares. Ninguno pidió los dictámenes médicos. La imagen de un joven comunicador se convirtió en la de un “monstruo”, sin que existiera una sola prueba directa.

Ángel no contó con un abogado de su elección. Le fue asignado un defensor público que, que se prestó a la fabricación de culpabilidad. En esa audiencia, la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas decretó la vinculación a proceso por homicidio y violencia agravada, a pesar de no existir ningún indicio de que Ángel hubiera cometido el crimen, ya que no se encontraba ADN ni en el cuerpo ni en la ropa de la víctima, y las pruebas periciales de la propia fiscalía evidenciaba que Ángel se encontraba en estado de coma cuando su novia falleció.

Posteriormente, Ángel fue recuperando su salud, pero no así su memoria, con alteración neurológica severa, sin conciencia plena ni comprensión del proceso fue coaccionado a aceptar un procedimiento abreviado. Su consentimiento de ser condenado en procedimiento abreviado fue formal, pero no real. Esta aceptación fue sin capacidad volitiva plena. Y lo condenaron a 30 años de prisión.

Desde entonces, Ángel Ordoñez ha sido reducido a una cifra más en las estadísticas del poder judicial, víctima de una fabricación de culpabilidad con fines políticos y mediáticos, que buscaba encubrir otros frentes de violencia en el estado.

APRENDIÓ DERECHO PARA DEFENDER SU INOCENCIA

Desde la celda donde fue encerrado injustamente, Ángel Ordóñez tomó la decisión más importante de su vida: estudiar leyes. Pasaron meses para que recuperara su salud física, pero nunca pudo recuperar la memoria del día de los hechos. Ese vacío, esa oscuridad en su mente, se convirtió en una herida abierta que lo acompañó durante cada amanecer tras las rejas. No recordaba qué había pasado, solo sabía lo que le contaron: que lo llevaron a una audiencia cuando apenas despertaba de un coma, que no podía hablar ni entender lo que ocurría, que lo condenaron sin pruebas y que nunca tuvo un abogado de su confianza. Entonces decidió buscar respuestas que nadie más le daría: en los libros de derecho.

Con el tiempo, entre paredes y rejas, aprendió artículos, principios, tratados internacionales. Descubrió, con dolor y rabia, lo que nadie le explicó cuando más lo necesitaba: que aquella audiencia en el hospital fue ilegal; que lo que llamaron justicia fue una trampa; que el procedimiento abreviado no era una oportunidad, sino una condena disfrazada. Cada página que leía no era solo conocimiento: era una herida abierta que sangraba un poco más con cada verdad descubierta, pero también era un golpe de fuerza, un recordatorio de que seguía vivo, que aún podía pelear. Cada artículo, cada principio, cada tratado que comprendía era un ladrillo más en la fortaleza que construía dentro de sí. Porque entendió algo que lo estremeció hasta lo más profundo: lo que le hicieron no fue un error, no fue un accidente del sistema… fue un plan calculado, una consigna fría ejecutada sin piedad. Comprender eso no lo destruyó: lo encendió. Lo hizo más fuerte que nunca.

Con cada día de estudio, con cada palabra que aprendía, su propósito se hacía más grande: su lucha ya no era solo por recuperar su libertad, sino por algo mucho más poderoso. Era por limpiar su nombre, por honrar la verdad, por demostrarle al mundo entero que lo que le hicieron no puede, no debe volver a repetirse. Que ningún inocente vuelva a pasar por lo que él vivió. Que su historia, escrita con lágrimas, también se escriba con justicia.

Fue entonces, armado con todo lo que había aprendido en años de estudio autodidacta, que Ángel decidió dar el siguiente paso: impugnar la sentencia que lo mantenía tras las rejas. Presentó una serie de recursos legales sustentados en las violaciones graves al debido proceso que había descubierto en su propia causa. Esta vez, ya no estaba solo: logró contactar a un nuevo abogado, un defensor independiente que aceptó representarlo después de conocer las condiciones médicas documentadas en su hospitalización y la cadena de irregularidades que marcaron su caso.

No fue fácil. Retomar un expediente cerrado bajo un procedimiento abreviado representaba uno de los mayores retos jurídicos: requería demostrar no solo que hubo fallas, sino que esas fallas anularon por completo la validez de la condena. Y Ángel lo hizo, punto por punto, con argumentos sólidos y pruebas documentales:

Que la audiencia inicial fue celebrada en un hospital, cuando no existían condiciones clínicas ni neurológicas para que pudiera ejercer una defensa adecuada. Los informes médicos indicaban que estaba sedado, con inhibición muscular y alteración cognitiva, lo que lo hacía incapaz de comprender la naturaleza del proceso.

Que nunca contó con un abogado de su confianza. Desde el primer momento manifestó su deseo de comunicarse con un defensor particular, pero su derecho fue ignorado, imponiéndosele un defensor público que convalidó la violación de garantías y la fabricación de culpabilidad.

Que jamás confesó el delito ni comprendió las consecuencias del procedimiento abreviado. Aun cuando se le hizo firmar documentos, su estado cognitivo y la falta de asesoría real impidieron cualquier consentimiento válido.

Que no existió una sola prueba directa o biológica que lo vinculara con la comisión del delito. No se encontró ADN suyo en el cuerpo ni en la ropa de la víctima; no hubo testigos, ni evidencia material incriminatoria.

Con base en estos elementos, la defensa solicitó la revocación de la sentencia y la reposición integral del procedimiento penal, argumentando que la resolución condenatoria no solo era injusta, sino absolutamente nula por violar derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

Cada alegato era un golpe directo al corazón de la sentencia que lo mantenía preso. Porque demostrar estas irregularidades significaba evidenciar que todo el proceso fue una farsa: que la audiencia en el hospital fue ilegal, que el procedimiento abreviado fue una trampa, y que la condena carecía de sustento probatorio.

LA MANIPULACIÓN JUDICIAL DE JAVIER CORRAL

Fue en 2018, tras diversos recursos legales que se obligó a reponer el proceso, accediendo a su derecho a una segunda instancia. El caso llegó a la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Las expectativas eran altas: por primera vez existía la posibilidad de que se revisaran las violaciones graves que habían marcado el procedimiento abreviado.

Pero los magistrados cerraron la puerta sin ver el fondo del asunto. En su resolución se limitaron a señalar:

«El procedimiento abreviado fue aceptado voluntariamente».

Con esa frase, la Sala evadió su obligación de analizar las condiciones clínicas en las que Ángel fue procesado. No se valoraron los dictámenes médicos, no se escuchó a Ángel, no se consideró la ausencia de ADN ni la alteración de la escena del crimen.

El fallo fue definitivo: la sentencia de 30 años quedó firme. La Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua ratificó la condena sin convocarlo a audiencia, sin examinar los elementos de prueba y sin motivación legal alguna, cerrando de manera arbitraria la última puerta para demostrar su inocencia.

El recurso de apelación estaba sólidamente sustentado: se basaba en pruebas médicas ignoradas en el procedimiento abreviado, en la incapacidad física que presentó durante los hechos y en las múltiples violaciones al debido proceso. Todo apuntaba a una reposición que habría permitido incorporar pruebas científicas y establecer su inocencia.

Pero en cuanto la apelación llegó a los magistrados de la Sala Penal, intervino directamente el entonces Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. El 05 de abril del 2018, una sola llamada desde su despacho bastó para frenar cualquier posibilidad de una resolución favorable para Ángel Ordóñez. Lo que estaba en juego no era únicamente un expediente: eran los reflectores mediáticos que Corral había encendido con su farsa llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, una estrategia diseñada para exhibir resultados, fabricar culpables y encarcelar opositores políticos bajo el discurso del combate a la corrupción.

Lo que se ventilaba en esa apelación era demasiado incómodo: la participación directa de la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas, que celebró audiencias ilegales en el hospital mientras Ángel se encontraba sedado, y la intervención de la agente del Ministerio Público, Edna Edith Álvidrez Manquero, conocida operadora judicial al servicio de consigna, con historial de fabricación de pruebas. Si esa apelación prosperaba, se derrumbaba la narrativa que Javier Corral había vendido a la opinión pública. Se caía la puesta en escena que le otorgaba legitimidad política y proyección nacional.

Por eso, las órdenes fueron claras: bloquear el recurso, sellar el caso y evitar cualquier resolución que exhibiera la verdad. A cambio, se protegió a jueces y fiscales incondicionales que garantizaron la ejecución de esa consigna. Así, el 26 de abril de 2018, los magistrados dictaron una resolución hueca, sin análisis, sin estudio del fondo, ignorando pruebas contundentes que demostraban la inocencia de Ángel: la inexistencia de ADN en la víctima, la ausencia de testigos y los dictámenes médicos que probaban que, al momento del fallecimiento, él se encontraba en estado de coma bajo supervisión hospitalaria.

La apelación que pudo abrir la puerta al reconocimiento de inocencia fue bloqueada para que no se desviaran los reflectores mediáticos de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”. Era necesario sostener el espectáculo, aunque eso implicara destruir una vida. Ángel no solo fue condenado sin juicio real, fue revictimizado por un sistema que prefirió mantener una mentira antes que reconocer la fabricación. Su caso era incómodo porque evidenciaba la corrupción judicial, la injerencia del Poder Ejecutivo y la complicidad de defensores públicos que se prestaron a la trampa del procedimiento abreviado. Admitirlo habría significado derrumbar la narrativa con la que Javier Corral pretendía construir su carrera política rumbo a la presidencia.

Maestro en Derecho Procesal Penal Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez.

Primera parte del reportaje “Fabricación de culpables en Chihuahua: caso Ángel Ordoñez”, bajo la investigación de Guadalupe Lizárraga.

Segunda parte del reportaje “Fabricación de culpables en Chihuahua: caso Ángel Ordoñez”, bajo la investigación de Guadalupe Lizárraga.

Desde el Senado de la República, el senador Mario Vázquez Robles, reveló la llamada donde Javier Corral ordena someter al Poder Judicial de Chihuahua.

Delia Valentina Meléndez Olivas permaneció en el Poder Judicial a pesar de que su actuación dejó claro que no fue una jueza imparcial, sino una jueza de consigna al servicio de un proyecto político. Fue quien, durante el juicio, intentó silenciar a Ángel Ordóñez cuando manifestaba que las acusaciones en su contra eran fabricadas. No solo desestimó estas denuncias, sino que también ignoró deliberadamente su delicado estado de salud, negándole medidas humanitarias básicas, lo que constituye una grave violación a los derechos fundamentales y al principio de dignidad humana. Este mismo patrón se replicó en otros casos, donde Meléndez Olivas actuó con el mismo sesgo para favorecer la narrativa del entonces gobernador Javier Corral, dirigiendo resoluciones que afectaron directamente a enemigos políticos y protegieron a los intereses del régimen.

Audiencia del 30 de noviembre de 2023, presidida por la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas, donde se evidenció que actuó como jueza de consigna al servicio de Javier Corral, aplicando los mismos métodos que utilizó para fabricar culpables, como en el caso de Ángel Ordóñez, contra los enemigos políticos del exgobernador Javier Corral Jurado.

Mientras tanto, Edna Edith Álvidrez Manquero continuó operando desde la Fiscalía como engranaje esencial para bloquear cualquier vía de justicia: archivando expedientes, desechando denuncias y asegurando que ninguna investigación incomodara a la élite protegida por Corral. Para más detalles, consulta la columna completa aquí:

https://www.laopcion.com.mx/amp/la-fuente-movil/la-agente-oscura-20240827-471377.html

La apelación que pudo abrir la puerta al reconocimiento de inocencia de Ángel Ordóñez fue deliberadamente bloqueada por estas redes de poder, con un único objetivo: sostener la farsa mediática bautizada como “Operación Justicia para Chihuahua”. Dicha estrategia, presentada ante la opinión pública como una cruzada contra la corrupción, fue en realidad una operación selectiva que persiguió a enemigos políticos y blindó a los cómplices del régimen. Esta no es solo una acusación: quedó documentado y evidenciado en el reportaje La Farsa, donde se exhiben los mecanismos utilizados para fabricar culpables, manipular procesos y utilizar a jueces y ministerios públicos como instrumentos de consigna política.

Documental “La Farsa”, que revela cómo la Operación Justicia para Chihuahua se convirtió en un montaje político encabezado por Javier Corral, utilizando jueces, magistrados y fiscales de consigna para fabricar culpables.

El caso de Ángel fue utilizado como moneda de cambio. Su inocencia fue sacrificada para mantener arrodillados a jueces, fiscales y operadores judiciales que ya estaban comprometidos con la red de corrupción. Se eligió mantener a un inocente en prisión antes que romper el pacto de impunidad.

Trailer del documental “Fabricado culpable: caso Ángel Ordoñez”, bajo la investigación de Guadalupe Lizárraga.

Desde Por los Inocentes, hacemos un llamado firme y público al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua para que, en cumplimiento de la ley y los principios de derechos humanos, otorgue el reconocimiento de inocencia a Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez, quien lleva 15 años encarcelado por un crimen que no cometió.

Hoy, el expediente está completo.

Hoy, la inocencia está probada.

Hoy, la ciencia lo respalda.